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Región del Biobío

Directora Regional de Senadis expone Ley de Inclusión Laboral en Red Provincial de la Discapacidad de Biobío
Directora Regional de Senadis expone Ley de Inclusión Laboral en Red Provincial de la Discapacidad de Biobío

27/06/2017

Senadis expone Ley de Inclusión Laboral en Red Provincial de la Discapacidad de Biobío

En el complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de la comuna de Los Ángeles, se realizó este 27 de junio, el encuentro mensual de la Red de la Discapacidad de la Provincia del Biobío, instancia en la cual se reunieron municipios, organizaciones, y servicios públicos donde a través de sus comisiones de trabajo, se trataron temas y presentaron sus avances en la materia.

En la ocasión, asistió como relatora la Directora Regional de SENADIS Biobío, quien expuso y dio a conocer oficialmente la Ley de Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad, normativa que prontamente entrará en vigencia.
En tanto, la Ley de Inclusión Laboral obligará a las empresas públicas y privadas de más de 100 trabajadores, a reservar el 1% de la cuota de empleos para personas con discapacidad y/o personas que posean pensión de invalidez de cualquier régimen. Sin embargo, otro de los aspectos relevantes es que terminará con la discriminación salarial que sufrían las personas con discapacidad mental.

Al respecto la Directora Regional de Senadis, Sandra Narváez precisó que “SENADIS tiene como misión el promover políticas que igualen oportunidades y sin duda, la ley de inclusión laboral creada en el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, es y será un aporte al derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad. Es por ello que hoy día quisimos compartir e informar a la comunidad de esta importante normativa”.

Es importante destacar que los Ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social evaluarán esta ley cada 4 años, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión, sin embargo, solo para el inicio de la norma se estableció un plazo de 3 años para su revisión, lo que implica que ambos ministerios emanarán un informe al congreso para evaluar si el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que deban acogerse a la norma.