18/08/2026
Hoy se inició en Ginebra, Suiza, el diálogo constructivo entre el Estado de Chile y el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), instancia en la que el país, representado por una diversa delegación encabezada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, dio cuenta de los avances y los desafíos pendientes en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En su intervención inicial ante el Comité, la ministra Wulf afirmó en que esta instancia es una oportunidad para “dar cuenta, de manera clara, concisa y transparente, de los avances de Chile” y también de las brechas que persisten. En ese sentido, remarcó que “el Estado de Chile no viene a este Comité solamente a exhibir un balance. Viene con optimismo, con avances, con datos concretos, pero también con autocrítica y dispuestos a mejorar”.
Durante su intervención, la ministra puso énfasis en la relación entre pobreza y discapacidad en Chile, y explicó que mientras la pobreza multidimensional alcanza al 17,2% de la población total, en las personas con discapacidad llega al 27,4%, según la Encuesta Casen 2024. “Esa brecha no la explica la condición de la persona. La explica un entorno que no fue diseñado contando con ella, como escuelas que no tienen los apoyos, empleos que no llegan, hogares donde alguien tuvo que dejar de trabajar para cuidar”, afirmó Wulf.
La jefa de la delegación nacional ejemplificó los efectos concretos de la falta de accesibilidad en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sostuvo que “mientras una persona con discapacidad en Chile no pueda salir de su casa y moverse por su ciudad de manera autónoma, a nuestro país le queda trabajo por hacer”.
En ese sentido, la secretaria de Estado enfatizó en que el pasado mes de julio, tras cuatro años sin sesionar, se reactivó el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia para materias de discapacidad, que encabeza el propio Presidente de la República junto a la ministra de la cartera. El objetivo de la instancia es fortalecer la coordinación entre los distintos organismos del Estado en este ámbito, así como abordar los principales desafíos de la agenda nacional de inclusión, con énfasis en el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat afirmó que “Chile reconoce la relevancia de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tenemos el compromiso de avanzar en esta materia. La transición desde modelos que sustituyen la voluntad hacia sistemas que apoyen la toma de decisiones representa un cambio de paradigma que requiere no solo reformas legales, sino también adecuaciones en nuestras instituciones y prácticas. Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estamos trabajando con los parlamentarios para perfeccionar las iniciativas actualmente en discusión y recoger de mejor manera las observaciones formuladas por el Comité”. También estuvo presente el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, quien intervendrá en la jornada de mañana miércoles.
La delegación reconoció, además, que uno de los principales desafíos es reducir la brecha entre los derechos establecidos en las normas y su ejercicio efectivo, fortaleciendo la coordinación intersectorial y las políticas públicas durante todo el curso de vida.
El diálogo constructivo se enmarca en la presentación de los informes periódicos de Chile ante el CDPD, correspondientes al período 2016-2022, elaborados con la participación de más de 40 reparticiones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Sumado a ello, el Gobierno presentará un informe actualizado con el trabajo realizado hasta hoy.
Esta instancia se extenderá hasta este miércoles 19 de agosto, donde la delegación chilena continuará respondiendo las consultas de seguimiento de los expertos miembros del Comité
Chile ratificó la Convención en 2008 y desde 2010 cuenta con un marco legal basado en el enfoque de derechos humanos y el modelo biopsicosocial. Actualmente, más de 3,2 millones de personas, equivalentes al 17% de la población de dos años y más, viven con discapacidad en el país.